Que adiciona un artículo 1 Bis a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, en materia de reparación a personas afectadas por medidas cautelares o administrativas injustificadas durante un proceso penal.

Instituir que se considerará actividad administrativa irregular, la solicitud, por parte de un ente público federal, de prisión preventiva o de medidas de suspensión, separación o remoción del cargo o empleo en contra de una persona, cuando se acredite que dicha solicitud careció de sustento suficiente en los elementos disponibles al momento de formularse, y la persona afectada obtenga posteriormente sentencia absolutoria firme, sobreseimiento o no ejercicio de la acción penal por los hechos que la motivaron. La sola emisión de la resolución favorable no será, por sí misma, prueba suficiente del carácter irregular de la solicitud.