Que adiciona los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Incluir que, cuando existan indicios fundados o imputación formal por la probable comisión de delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita o delitos contra la salud en su modalidad de narcotráfico, en contra de las personas titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas, se activará de manera inmediata un procedimiento de investigación a cargo de la Fiscalía General de la República, así como los mecanismos de control y fiscalización correspondientes. Tratándose de personas titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas se podrá proceder penalmente sin necesidad de declaración de procedencia. En estos casos, el servidor público será separado temporalmente del cargo a partir del auto de vinculación a proceso, con el objeto de garantizar la imparcialidad de las investigaciones; dicha separación tendrá carácter precautorio y no prejuzgará sobre la responsabilidad penal.