Que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social.

La iniciativa tiene por objeto protección de la libertad de prensa frente al uso del poder público. Entre lo propuesto destaca: 1) precisar que la comunicación social que realicen los Entes Públicos deberá desarrollarse con pleno respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, particularmente a la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho de acceso a la información y el derecho de la sociedad a recibir información plural, objetiva e independiente; 2) indicar que la comunicación social gubernamental tendrá exclusivamente fines institucionales, informativos, educativos, culturales, de protección civil, de salud pública, de orientación social o cualquier otro previsto por la Constitución y las leyes; 3) señalar que las personas servidoras públicas conservarán plenamente su derecho a la libertad de expresión en los términos previstos por la Constitución no obstante, cuando emitan comunicaciones oficiales, participen en actos institucionales o utilicen recursos públicos para difundir mensajes gubernamentales, deberán ejercer dichas atribuciones con estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad, veracidad, máxima publicidad, respeto a los derechos humanos y pluralismo democrático; 4) mencionar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como los demás Entes Públicos sujetos a la presente Ley, deberán incorporar dentro de sus políticas y lineamientos internos de comunicación social los principios previstos en este Capítulo. Asimismo, deberán promover mecanismos permanentes de capacitación dirigidos a las personas servidoras públicas responsables de la comunicación institucional, con el objeto de fortalecer el respeto a la libertad de expresión, la libertad de prensa y los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.