Que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Realizarse dentro de un plazo máximo de 5 días hábiles contados a partir de la recepción del comprobante de pago correspondiente, la expedición de copias de validación del pago de derechos por parte de Transparencia para el Pueblo, para la reproducción de la información. Establecer que, si transcurrido el plazo previsto en el artículo 129 de esta Ley la autoridad competente no hubiese emitido pronunciamiento respecto de la validación del pago, éste se tendrá por validado para todos los efectos legales y, en consecuencia, el sujeto obligado deberá continuar de inmediato con el procedimiento de acceso a la información y realizar la entrega correspondiente, sin que pueda exigir a la persona solicitante trámite, autorización o requisito adicional. Instituir que para la reproducción de la información o la expedición de copias sea necesaria la validación del pago de derechos por parte de Transparencia para el Pueblo, ésta deberá realizarse dentro de un plazo máximo de 5 días hábiles contados a partir de la recepción del comprobante de pago correspondiente. Instruir que, si transcurrido el plazo previsto en el artículo 129 de esta Ley la autoridad competente no hubiese emitido pronunciamiento respecto de la validación del pago, éste se tendrá por validado para todos los efectos legales y en consecuencia, el sujeto obligado deberá continuar de inmediato con el procedimiento de acceso a la información y realizar la entrega correspondiente, sin que pueda exigir a la persona solicitante trámite, autorización o requisito adicional. Establecer que cuando opere la validación prevista en el artículo anterior por falta de pronunciamiento de la autoridad competente, el plazo para poner a disposición la información se computará a partir de la fecha en que la persona solicitante haya presentado el comprobante de pago correspondiente y en ningún caso la omisión administrativa podrá afectar el derecho humano de acceso a la información pública, ni justificar el incumplimiento de los plazos previstos en esta Ley.