Que adiciona diversas disposiciones al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Ordenar, de oficio o a petición de parte, la práctica de valoraciones psicológicas y sociofamiliares en los procedimientos contenciosos en los que se controvierta la guarda y custodia, régimen de convivencias o cualquier medida relacionada con el cuidado de niñas, niños y adolescentes, y cuando existan elementos que permitan advertir posibles afectaciones a la integridad física, emocional, psicológica o al desarrollo integral de la niña, niño o adolescente. Impedir que la autoridad jurisdiccional dicte medidas urgentes de protección cuando exista riesgo inminente para la integridad de niñas, niños o adolescentes, las cuales deberán emitirse en estricta observancia del principio del interés superior de la niñez y demás principios previstos.