Que adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, y de la Ley General de Protección Civil.

Disponer una deducción de impuestos al cien por ciento a bienes destinados a la atención de emergencias como: vehículos de rescate, ambulancias, autobombas, pipas y demás unidades de respuesta a emergencias; equipos de comunicación, sistemas de alerta temprana y tecnología de coordinación operativa; indumentaria y equipo de protección personal para uso en emergencias; herramientas de rescate, equipo hidráulico y material de intervención especializado; equipos médicos y de primeros auxilios para uso en campo; generadores, equipos de iluminación de emergencia y sistemas de energía de respaldo; equipos de detección de gases, materiales peligrosos y sustancias tóxicas; y maquinaria y equipo especializado para rescate en espacios confinados. Indicar que las importaciones de bienes donados del extranjero a instituciones de atención de emergencias que se encuentren inscritas en el Registro Nacional, contarán una deducción fiscal del cien por ciento. Señalar que en los contratos de seguros de daños que cubran bienes inmuebles, instalaciones industriales, comerciales o de servicios, en especial en los siniestros por incendio, dónde hayan intervenido instituciones de atención a emergencias reconocidas en términos de la Ley General de Protección Civil , la aseguradora dentro de la liquidación del siniestro considerará los costos operativos directos. Determinar que la empresa aseguradora deberá realizar el pago correspondiente a la institución de atención de emergencias dentro de los treinta días naturales siguientes a la recepción del reporte. Mencionar que las instituciones de atención de emergencias que se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Instituciones de Atención de Emergencias tendrán derecho a recuperar los costos operativos directos, cuando hayan intervenido en siniestros con cobertura de seguro. Precisar que la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas sancionará a las empresas aseguradoras que no cumplan con el pago oportuno de los costos operativos directos recuperables.