Que adiciona el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reconocimiento al derecho humano a la búsqueda.

Establecer que, las personas desaparecidas o no localizadas, así como sus familiares, tienen el derecho a la búsqueda. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, y con independencia de que exista una investigación por conducto del Ministerio Público, tienen la obligación de realizar todas las acciones necesarias para determinar la suerte o paradero de cualquier persona reportada como desaparecida o no localizada, bajo la presunción de que están vivas. En su caso, tienen la obligación de desarrollar e implementar todos los mecanismos e instrumentos requeridos para encontrar, identificar y preservar los restos de las víctimas en condiciones dignas hasta que sean entregados a sus personas queridas. Para garantizar este derecho, el Estado tiene la obligación de emplear todos los recursos y medios institucionales disponibles, así como de actuar sin dilación y en completa coordinación entre las autoridades, permitiendo la participación sin reservas de las víctimas indirectas, y salvaguardando siempre la dignidad y la personalidad jurídica de la persona desaparecida o no localizada.