Que reforma el artículo 36 de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, en materia de titularidad de propiedad intelectual en investigaciones financiadas con recursos públicos.

Establecer que la titularidad de los derechos de propiedad intelectual derivado de actividades de investigación financiadas con recursos públicos corresponderá, en primer término, a las instituciones públicas de educación superior y centros de investigación que los generen y determinar que los esquemas de comercialización y la participación en regalías se definirán en los instrumentos normativos y convenios que se suscriban para tales efectos.