Que reforma el artículo 113, se reforma el párrafo primero del artículo 121, se adiciona las fracciones XVII, XVIII, XIX, XX, XXI al artículo 122, se reforma la fracción IV y XV del artículo 125, se adiciona el segundo párrafo a la fracción VII del artículo 137, todos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para fortalecer las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes.

Establecer que corresponderá a las Procuradurías la supervisión técnica y jurídica de los centros de asistencia social y unidades familiares de resguardo, garantizando estándares de atención, personal especializado y protocolos de actuación con perspectiva de niñez y familia. Crear el Sistema Nacional de Evaluación de Procuradurías con informes semestrales públicos. Precisar que la Procuraduría Federal y las Procuradurías Estatales serán organismos públicos con autonomía técnica, de gestión y presupuestal, indicar que la persona titular será designada mediante convocatoria pública con experiencia en derecho familiar o derechos humanos y, fijar que las entidades deberán prever un fondo estatal etiquetado para su operación y garantizar personal interdisciplinario. Establecer las atribuciones de la Procuradurías de Protección. Considerar que las autoridades deberán destinar recursos suficientes para el fortalecimiento institucional de las Procuradurías de Protección, garantizando infraestructura, personal y tecnología para la atención integral y oportuna de niñas, niños y adolescentes. Establecer que todos los órdenes de gobierno coadyuvarán al cumplimiento de los objetivos de conformidad con las competencias previstas y demás disposiciones legales aplicables. Añadir que el Sistema Nacional DIF y las Procuradurías deberán crear el Registro Nacional de Casos de Protección Familiar y de Niñez, interoperable y actualizado para el seguimiento de casos y la restitución de sus derechos. Permitir la obligatoriedad de contar con protocolos de actuación conjunta y llevar a cabo la evaluación anual de resultados.