Que adiciona un artículo 13 Bis a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia del derecho a la protección.

Establecer que las personas que ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes; el personal de instituciones educativas, deportivas, religiosas, de salud, de asistencia social, y de cualquier otra índole que brinde asistencia a niñas, niños y adolescentes; así como familiares por consanguinidad o afinidad, tendrán la obligación de denunciar de manera inmediata ante la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes la comisión de cualquier delito que atente contra el interés superior de la niñez. Fijar que la omisión de esta obligación será sancionada conforme a lo dispuesto en la legislación aplicable, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que correspondan.