Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, en materia de tecnologías de vigilancia, consentimiento digital y evaluación de impacto en derechos fundamentales.

Señalar que cuando se usen tecnologías de vigilancia para obtener o analizar datos personales, el aviso de privacidad deberá explicar claramente qué tecnología se usa, para qué se usa, qué datos se recogen y qué riesgos existen, pudiéndolos usar solamente si la persona da su consentimiento libre e informado y debiendo entregarse antes de que la tecnología empiece a funcionar. Precisar que la interpretación y aplicación de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados , se realizará conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte, y las resoluciones vinculantes emitidas por órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo momento la protección más amplia de los datos personales y considerando criterios, estándares y opiniones de organismos nacionales e internacionales en materia de protección de datos personales, así como aquellos relacionados con derechos digitales y vigilancia tecnológica, cuando contribuyan a fortalecer la protección de las personas. Establecer que en las tecnologías de vigilancia, el consentimiento deberá ser libre, informado, expreso y revocable, especialmente cuando exista una relación de dependencia, subordinación o asimetría entre el titular y el responsable. Indicar que el desarrollo tecnológico deberá respetar los derechos digitales, la privacidad y la autonomía de las personas, especialmente cuando se utilicen tecnologías de vigilancia o sistemas automatizados que puedan afectar libertades fundamentales. Incluir mecanismos de evaluación ética, transparencia y control ciudadano en la implementación de recursos, capacidades e infraestructuras del sector público en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, siempre que involucren el tratamiento de datos personales.