Que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de protección contra la trata de personas.

Ampliar la aplicación de las sanciones si la conducta típica se realizó con el propósito de reclutar, inducir o coaccionar a la víctima para integrarla o hacerla participar directa o indirectamente en las actividades de un grupo delictivo u organización criminal, por cualquier medio de violencia, engaño, amenazas, aprovechamiento de vulnerabilidad o abuso de confianza. Fijar que cuando la víctima sea persona menor de edad, indígena, con discapacidad, migrante o en situación de calle, se considerará agravante y se aumentará la pena hasta en una mitad más. Establecer que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán establecer protocolos y programas integrales de prevención del reclutamiento, captación o utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos delictivos u organizaciones criminales. Añadir que los Sistemas de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, en sus distintos niveles, deberán coordinar acciones comunitarias, educativas, digitales y de protección civil para garantizar entornos seguros, con enfoque de derechos humanos, perspectiva intercultural y de género, dirigidos a prevenir este fenómeno. Establecer que las autoridades deberán garantizar que las niñas, niños y adolescentes identificados como posibles víctimas o en riesgo reciban atención inmediata y especializada, sin criminalización, con prioridad en su protección, restitución de derechos y reintegración comunitaria.