Que expide la Ley General del Derecho a un Ambiente Libre de Corrupción.

La iniciativa tiene por objeto reconocer, promover, proteger y garantizar el derecho humano de todas las personas a vivir en un entorno libre de corrupción, estableciendo bases, políticas y procedimientos. Entre lo propuesto destaca: 1) regular la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y alcaldías, y los órganos constitucionales autónomos, para prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción, así como para reparar el daño causado por éstos; 2) determinar que toda persona, sin distinción alguna, será titular del derecho humano a vivir en un ambiente libre de corrupción; indicar que este derecho comprende: a) el acceso a la información pública y la transparencia en el actuar del Estado; b) la rendición de cuentas de las autoridades; c) la fiscalización efectiva de los recursos públicos; d) la participación de la ciudadanía en la prevención y combate a la corrupción; y d) la obligación estatal de prevenir, investigar, sancionar y erradicar la corrupción en todos los ámbitos; y, 3) presentar que serán sujetos obligados: a) los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; b) los órganos autónomos; c) los municipios y demarcaciones territoriales; d) cualquier entidad, organismo o servidor público de cualquiera de los órdenes de gobierno; e) las personas físicas y morales, nacionales o extranjeras, cuando interactúen con entes públicos o realicen actos regulados por esta Ley; y, f) los particulares estarán sujetos a las disposiciones de la presente Ley, y deberán colaborar con las autoridades competentes en la promoción de la integridad y en la prevención y denuncia de la corrupción.