Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, en materia de protección y garantía a las personas originarias para acceder plenamente a la jurisdicción del estado mediante la protección reforzada al derecho a contar con personas intérpretes, traductoras, peritas y defensoras especializadas.

La iniciativa tiene por objeto garantizar a las personas originarias para acceder plenamente a la jurisdicción del Estado mediante la protección reforzada al derecho a contar con personas intérpretes, traductoras, peritas y defensoras especializadas. Para ello propone crear el Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de Familias, Agrupaciones y Variantes Lingüísticas Originarias para profesionalizar el servicio de interpretación y traducción y asegurar estándares de calidad y ética en los procesos de procuración, impartición y administración de justicia, y fortalecer la articulación interinstitucional de los poderes del estado para garantizar la protección al derecho a contar con intérprete y traducción. Para tal fin modifica los artículos 10 y 14 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas .